Agustín Unzurrunzaga.
Gipuzkoako SOS Arrazakeria - SOS Racismo
Nadie duda de que hayamos entrado en una fase de recesión económica, que tiene ya, y tendrá durante un tiempo, importantes repercusiones en materia de empleo, especialmente en la construcción, sector en el que trabajan una parte de los extranjeros extracomunitarios.
Como en otras ocasiones ha ocurrido, Rodríguez Zapatero, adelantándose a las decisiones de su Gobierno, ha propuesto dar un nuevo impulso a la política de “retorno voluntario” de los y las extranjeras extracomunitarias que vayan al paro, sobre la base de la capitalización de la prestación de desempleo que les pudiese corresponder y la concesión de microcréditos. Hay que señalar que la actual Ley de Extranjería, la Ley 14/2003 regula, en su disposición adicional octava, las ayudas al retorno voluntario: “El Gobierno contemplará anualmente la financiación de programas de retorno voluntario de las personas que así lo soliciten y planteen proyectos que supongan su reasentamiento en la sociedad de la que partieron y siempre que los mismos sean de interés para aquella comunidad” Este programa de retorno voluntario ha sido utilizado por muy pocas personas, menos de cuatro mil, en sus cinco años de vigencia. Ciertamente, lo que propone el Presidente del Gobierno es algo diferente a lo que hasta ahora estaba en vigor, y requerirá ser encajado en el ordenamiento legal, pues afecta a la normativa del Servicio Público de Empleo sobre capitalización de las prestaciones y a la Ley de Extranjería.
A la vista de la experiencia histórica, este tipo de medidas suelen presentar, muy habitualmente, el problema de que se difumina completamente la frontera entre lo voluntario y lo obligado y, por otro lado, que tiende a meter a todas las personas extranjeras en el mismo saco, difuminando todas las diferentes situaciones legales y sociales que se dan, primando exclusivamente la condición de extranjero o de supuesto extranjero: tipo de permiso de trabajo y residencia, parejas mixtas, parejas en las que uno o una tiene ya la nacionalidad española, parejas que tienen hijos nacidos en España que han adquirido la nacionalidad española por presunción, familias con hijos o hijas nacidos aquí que tienen escasa o nula relación con el país de origen de sus padres, etc, etc. Lo que ahora se está proponiendo no es ajeno al reduccionismo que está haciendo el Gobierno, aplaudido por algunos medios de comunicación, y no solo los más ligados a la derecha, a la hora de considerar a las personas extranjeras extracomunitarias solo en su dimensión de mano de obra, calificando como “buenismo” cualquier referencia a que las personas, aunque sean extracomunitarias, son algo más que una variable económica con la que se puede jugar a capricho. Si no se anda con mucho cuidado, este tipo de políticas tienden a aumentar la diferencia entre autóctono y extranjero, a reforzar las ideas de prioridad nacional, a que los autóctonos hagan valer su capital biológico, su condición de ser de aquí, haber nacido aquí o ser descendiente de alguien que ya nació aquí. Y ese es el terreno de la xenofobia y del racismo.
Conviene tener en cuenta que en las políticas de supuesto retorno voluntario entran dos factores: la situación aquí y la situación en el país de origen, del país del que se emigró. Si la situación de los países de origen no ha sufrido variaciones de cierta envergadura, tangibles, con futuros más prometedores, las políticas de retorno habitualmente fracasan. Por tanto, conviene evitar la unilateralidad, el pensar que por mal que estés siempre estarás mejor en el país de origen, cosa que es, en muchísimas ocasiones, falsa del todo. El país de origen pueden ser un horror, un sitio donde se ha sufrido muchísimo, al que se vuelve en determinadas condiciones o no se vuelve. No todo el mundo sueña con volver al país de origen. Eso es algo bastante más contradictorio, tanto en el plano personal como en el familiar, donde los intereses y las expectativas, entre generaciones, pueden estar plagadas de contradicciones. No conviene simplificar las cosas.
Durante veinte años se ha construido un sistema en el que los trabajadores y trabajadoras extranjeras extracomunitarias han sido relegados a la periferia social, sometidos a unas leyes especiales diferentes a las de los trabajadores autóctonos, que los han fragilizado enormemente desde el punto de vista socio laboral. Y ahora parece que se van a empezar a pagar las consecuencias de ese sistema discriminatorio.
Por ello, para que la discriminación, el márchate, no sea el punto partida, reivindico que, en primer lugar, las medidas de política económica y social, de formación, reciclaje profesional e innovación que se adopten tienen que contemplar y abarcar a la totalidad de la población. Que no deben excluir a una parte, considerándola como una variable subordinada, para la que la salida principal es marcharse. Y que eso tiene que tener su reflejo en el terreno de los permisos, especialmente de las renovaciones, y no al revés, reforzando los sistemas de denegación y las diligencias de salida obligatoria. Y lo mismo le pido al movimiento sindical, que no cumpliría o cumpliría mal su función de defensa de los derechos e intereses de todos los trabajadores y trabajadoras que viven y trabajan aquí, si se dedica a mirar para otro lado ante las presiones que una parte de los trabajadores y trabajadoras van a sufrir.
Agustín Unzurrunzaga.
Gipuzkoako SOS Arrazakeria - SOS Racismo
Donostia, trece de abril de 2008.
