Desde 1995, año en que tuve la oportunidad de conocer a Rafael Correa Delgado, un analista económico brillante, con ideas nacionalistas, ya se perfilaba como un referente de opinión en ciertos medios capitalinos progresistas.
Contrario al pago de la deuda externa, opuesto a la privatización de campos petroleros al sector privado, afecto a fortalecer al estado y regular al sector privado, Correa fue proyectándose como el líder de una izquierda light que veía en él, al aspirante ideal a la presidencia, ante la carencia crónica de candidatos propios, alejados de la tan desprestigiada partidocracia.
En múltiples ocasiones se reunió con trabajadores, sindicalistas, dirigentes indígenas y campesinos, con quienes coincidió en defender los derechos laborales, el acceso a la tierra y el derecho al agua, como requisitos indispensables para la dignidad humana. Pronto llegaría Rafael Correa a ser ministro de Economía -en cuyo paso fugaz- alcanzaría a reestructurar los fondos petroleros y sospechosamente daría su voto a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) –brazo articulado del Banco Mundial-, a su amigo Luís Alberto Moreno, sujeto que apoyó frontalmente el Plan Colombia.
Ya de candidato a la presidencia, contando con el apoyo económico de empresarios ligados históricamente a la desgastada tienda política de la Izquierda Democrática , enarboló la bandera de la lucha contra la partidocracia y afianzó su propuesta de campaña, con la promesa de acabar con la larga y oscura noche neoliberal, que condenó a la pobreza a los ecuatorianos.
Sin tener un oponente de peso, con el eterno perdedor, el magnate Álvaro Noboa, ganaría la presidencia holgadamente, mientras el pueblo alentaba esperanzas de cambio con el gobierno de Movimiento País y la ya conocida revolución ciudadana.
Mas allá del maquillaje de un gobierno socialdemócrata que aprovechó el poder de la televisión para hacernos creer que la salud, la educación y el empleo ya es de todos; en estos dos años de gobierno se han adoptado medidas asistencialistas -tipo parche- que no han resuelto los problemas de fondo, del 80 % más pobre de la población.
Lo real es que la superestructura del poder económico capitalista se mantiene incólume, con todos los vicios burocráticos y actos de corrupción de los gobiernos anteriores. Y no solo eso, en materia de contratación pública, en aquellos negocios donde hay mucho billete de por medio, el gobierno de Correa renunció al interés común del pueblo, para promover la firma de contratos lesivos al país. Por ejemplo, el espectro radioeléctrico y las frecuencias para el servicio de telefonía fueron renegociadas con las multinacionales Porta y Movistar, hipotecando por 15 años una actividad que debió pasar a manos del estado. Un negocio de 20 mil millones de dólares se nos fue de las manos.
A su vez, la privatización de campos petroleros ha sido la tónica del regimen afectando las reservas de crudo de Petroecuador, la sola entrega del campo Pucuna y Singue a la empresa Dygoil le representa la país un perjuicio de 400 millones de dólares. En lugar de revertir los campos operados por Petrobrás y Repsol YPF se actuó en consecuencia con el interés privado, archivando los pedidos de caducidad de los contratos, para renegociarlos en condiciones desfavorables para el Ecuador. El país perdió ingresos anuales por más de 1000 millones de dólares.
En materia laboral, se han violado los derechos de los trabajadores impunemente, desconociendo los beneficios de los contratos colectivos legalmente firmados. La promesa de la eliminación de la Tercerización ha quedado como una de tantas falacias del gobierno, cuando persiste la explotación de los trabajadores en todo el país.
Si bien no se puede desconocer el avance histórico de la aprobación de la Constitución , vía consulta popular. Aquellos postulados de la salud gratuita han quedado en palabra muerta a la hora de constatar que en los hospitales públicos de Quito y Guayaquil los pacientes tienen que comprar de su bolsillo los implementos médicos y medicinas que no hay en las casas de salud. Y qué se puede esperar en el resto del país, marginado de la atención y los servicios estatales.
El gobierno se dedicó a crear nuevos ministerios, secretarías y otras tantas dependencias burocráticas que han incrementado el gasto corriente. Al país no se lo cambia aumentando la burocracia, que tan solo satisface el apetito clientelar de los allegados al partido oficialista.
En cuanto al respeto de los Derechos Humanos, lejos de eliminar el aparato policial y militar de represión existente, el gobierno lo ha fortalecido. Verbi gracia, los grupos de élite contrainsurgencia, grupos GIR y GOE de la Policía se mantienen intactos, combatiendo “la delincuencia y el terrorismo”, según palabras del ex catedrático de Derechos Humanos de la San Francisco , hoy superministro de Gobierno Fernando Bustamante.
Aunque el gobierno lo niegue y Correa defienda a los pobrecitos uniformados, por la supuesta violencia de vándalos, delincuentes o criminales que buscan caotizar el país y atentar en contra de los bienes públicos, la visión periodística es diferente al constatar el abuso de la mal llamada fuerza pública.
Cuando campesinos, indígenas y trabajadores organizados, el pueblo en suma, salen a protestar, el presidente Correa afirma que no representan a nadie. Los pobladores de Dayuma, héroes de la resistencia y víctimas de la represión militar en el Oriente, no olvidarán jamás que madres y niños fueron maltratados, por haber cometido el delito de protestar por la contaminación y el abandono estatal.
¿Cómo puede ejercer el pueblo el derecho constitucional de la resistencia sino es en las calles y plazas, bloqueando las vías, tomándose los edificios públicos, haciendo plantoneras, declarándose en huelga de hambre, parando las fábricas, etc, como medidas de presión para ser escuchados por el poder constituido?
El derecho a la protesta no puede ser acallado por un gobierno intolerante que prefiere impedir por la fuerza, que el tráfico vehicular o los servicios básicos sean suspendidos, tachando la lucha popular de ilegal, para negar al pueblo soberano su voluntad de oponerse a la privatización de las recursos naturales al capital extranjero o, exigiendo salarios dignos que cubran el costo de la canasta básica.
Al igual que Febres Cordero, Noboa o Gutiérrez se criminaliza la protesta callejera, con juicios y demandas penales en contra de los líderes populares. Un gobierno de izquierda jamás arremetería con el terror de las armas o infundiendo miedo para mantener el orden en una sociedad convulsionada como es la nuestra.
Los luchadores campesinos de Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Azuay u otras provincias del sur del país, han protagonizado en estos dos años una resistencia heroica para evitar que la ‘revolución’ ciudadana termine privatizando sus tierras, para dar paso a una ley minera neoliberal, afín a las transnacionales. De afianzarse la Ley Minera , el acceso al derecho al agua no será más de los pueblos campesinos e indígenas que ven amenazadas las faenas agrícolas y ganaderas por la privatización de los ríos y fuentes de agua.
El presidente Correa corre el riesgo de perder las elecciones en abril próximo, y no será culpa de la izquierda infantil ni efecto de la oposición de los indígenas y campesinos que se oponen a la minería a gran escala; tampoco serán responsables los sindicatos que temen perder sus prebendas. Es el propio gobierno -embarrado de la derecha de siempre-, el que fruto de sus propios errores está cabando la sepultura política del proyecto original que le llevó a Carondelet a Rafael Correa Delgado.
Cuando las presiones mafiosas de los grupos de poder amenazan a los asambleístas de Alianza País –mayoría aplastante del Congresillo-, con retirarles el apoyo a posibles candidaturas si no votan a favor de la ley minera, algo huele mal en el partido del presidente. Tal parece que esta nave ha perdido la brújula, y el pueblo apenas empieza a despertar a la realidad. La partidocracia y sus vicios no han muerto, siguen latentes. Se impone un viraje de timón hacia la verdadera izquierda, aquella que deje de apropiarse del discurso del Ché para ganarse la tarima y el favor popular, siempre con fines electorales.
Rafael Correa cumplió su ciclo, es tiempo de corregir el rumbo hacia la verdadera izquierda, alejada de las ONGs pro yanquis, separada de las mafias empresariales que viven del saqueo de la república. Se han llenado la boca de socialismo y de izquierda para reprimir al pueblo, para privatizarlo casi todo. Venga el paro nacional antiminero, venga la construcción de la izquierda unida para desechar a los oportunistas de siempre que hoy buscan cargos y prebendas, prostituyendo una vez más el noble ejercicio de la política.
PRENSA ALTERNATIVA
