Guillermo Navarro Jiménez
Si son ciertas las afirmaciones que el diario La Hora atribuye al presidente de la Mesa de Legislación y FiscalizaciónCé sar Rodríguez, en el sentido de que sí habrán funcionarios que ganen más que el Presidente de la República, lo que se produciría en: “empresas públicas o sociedades anónimas con el 50% o más de capitales públicos que generen ingresos propios a partir de la producción de bienes y servicios”.
Punto de vista que se explicaría por que el salario superior al del Presidente de la República, “guardará estrecha relación con el cumplimiento de metas anuales de producción”, nos permite suponer que se estaría posponiendo la revolución ciudadana, puesto que la igualdad pasaría a segundo plano, bajo razonamientos realmente endebles, como se explica a continuación.
1.- La definición de que el salario del presidente sea el mayor de la administració n pública, radica en un hecho evidente e innegable: las funciones y responsabilidades son de hecho superiores a las de todos los funcionarios, a más de que todos ellos, sin importar la dependencia y el puesto que ocupen son subalternos del Presidente de la República, por lo que es improcedente que ganen un sueldo superior a su mandante;
2.- La revolución ciudadana mantiene como uno de sus principios rectores la igualdad, lo que conlleva una práctica iniciada, tímidamente por cierto, por el Presidente de la República, cuando se redujo el sueldo, ligándolo y acercándolo al sueldo básico. Esta decisión hacia la igualdad implicaba igualmente transitar por la senda de la solidaridad, entendida como el liberar recursos, por decisión personal en el caso del Presidente Correa, para que se orienten hacia otros sectores de la sociedad;
3.- La revolución ciudadana, igualmente plantea la urgente necesidad de limitar al mercado. En este caso corresponde no guiar la política salarial por razones de mercado. Rodríguez parece no entenderlo y peor haberse empoderado de este concepto, puesto que señala que los niveles de los salarios que serían, según su concepto, superiores al del Presidente Correa, se explicarían por el cumplimiento o no de las “metas anuales de producción”. Expresión que reivindica el postulado del mercado que se denomina “salarios por rendimiento”. Planteamiento que además conlleva el ocultamiento de un hecho: el carácter social de la producción y, consecuentemente, considerar que los salarios deben fijarse privilegiando lo individual sobre lo colectivo;
4.- La revolución ciudadana, como todo movimiento que trata de desarrollar una transformació n hacia la igualdad, reivindica un hecho: la diferencia entre los distintos tipos de trabajo, no tienen las características que le asignan los beneficiarios, por lo que la enorme diferencia de salarios no se justifica. Es esta verdad la que induce y permite el desarrollo del proceso de homologación salarial en marcha, proceso que debe profundizarse aún más y no revertirse como, implícitamente, lo reclama la propuesta observada De aprobarse la propuesta del Asambleísta Rodríguez, ¿no significaría, de hecho, negar los argumentos del Presidente Correa expuestos respecto al nivel de los salarios del Banco Central, por ejemplo?;
5.- La revolución ciudadana igualmente sufriría un retroceso, puesto que la política salarial propuesta por Rodríguez, significaría consolidar, fortalecer la criticada “burocracia dorada”, la “aristocracia obrera” en términos de Marx. Estratos producto, precisamente de la política salarial que se basa en los “rendimientos”, sobre la base de los cuales se han acumulado una serie de beneficios escalofriantes. De plasmarse la propuesta, los “revolucionarios” de ayer que se hubiesen convertido en los “conservadores” de hoy si se modificase la política salarial en términos de solidaridad e igualdad, seguramente condecorarán a la Asamblea Constituyente de aprobarse el segundo mandato bajo los postulados de Rodríguez, en tanto la revolución ciudadana languidecerá aún más; y,
6.- Finalmente valga mencionar que la “guerra por el cerebro de PDVSA” nos enseña que la “burocracia dorada” no es indispensable como presupone la diferencia salarial propuesta por Rodríguez, hasta tal punto que fue removida sin que ello afecte a la buena y normal marcha de la empresa. Pero si ello es ya importante, para al avance de la revolución ciudadana es mucho más la liberación de ingentes recursos, que bien podrían destinarse al financiamiento de los sectores sociales.
En conclusión, la propuesta y los argumentos que según La Hora serían la base para la aprobación de un segundo mandato por parte de la Asamblea Constituyente, se muestran insostenibles, pero principalmente contrarios al objetivo que se plantea la revolución ciudadana: construir una sociedad justa, solidaria, igualitaria. Por ello, antes de la aprobación del segundo Mandato, sería prudente reflexionar profundamente, puesto que de esta decisión dependerá si la revolución ciudadana avanza o se pospone.
Montecristi, 6 de enero del 2008
