Mandato de las Provincias Petroleras

DECLARACIÓN DE ORELLANA
Francisco de Orellana, Febrero 12 de 2008

Representantes de los Gobiernos Seccionales, Consejeros, Concejales, Organizaciones Sociales de Pobladores, Campesinos, Trabajadores, Nacionalidades Indígenas y Afrodescendientes, Grupos Ambientalistas, de Derechos Humanos, Maestros, Jóvenes, y Pueblo en general, junto a personalidades y profesionales patriotas y democráticos, de las provincias petroleras de Orellana, Sucumbíos y Esmeraldas, reunidos en la ciudad de Francisco de Orellana (El Coca), los días 10, 11 y 12 de febrero de 2008, en el III Encuentro de Provincias Petroleras del Ecuador, nos dirigimos a la Asamblea Nacional Constituyente y al Gobierno Nacional del Eco. Rafael Correa.

Somos habitantes de las provincias proveedoras de la principal riqueza del país: el petróleo, y de su industrialización; sin embargo, subsisten grandes preocupaciones dada la persistencia de las repercusiones acumuladas de varias décadas de producción e industrialización petrolera, que han dejado innumerables secuelas y graves impactos económicos, sociales, políticos y ambientales en estos territorios y sus pueblos. Tomando en cuenta que el modelo de desarrollo basado en el extractivismo nos ha ubicado dentro del orden económico internacional como fuente de mano de obra y materia prima barata, generando una succión de nuestras riquezas alimentando élites mundiales y nacionales, mientras que en nuestra región, se han generado desplazamientos humanos forzosos, deforestación, afecciones graves a la salud de nuestras población, destrucción de la economía y cultura campesina y de las nacionalidades ancestrales.

Considerando que el gobierno nacional sin tomar en cuenta el desastre ambiental provocado por la era petrolera, pretende continuar con un modelo extractivista basado en la explotación minera a gran escala en el país.

Sabemos de la trascendencia y utilidad de este recurso no renovable, patrimonio de todos los ecuatorianos, de su gran significación para el desarrollo nacional; mas, como se ha denunciado y reclamado permanentemente, gran parte de esta riqueza ha servido para engrosar las arcas de empresas extranjeras multinacionales, de sus socios y cómplices nacionales que, implementado una explotación irracional del petróleo, han provocado daños irreparables en nuestros territorios y en la vida de nuestros habitantes; al igual que de un sin número de otras repercusiones que han agudizado las condiciones de marginación y pobreza de los pobladores.

Conscientes de la necesidad urgente de propiciar cambios sustanciales en la dirección del manejo de este recurso vital; de preservar este patrimonio en beneficio de todos los ecuatorianos, y dentro de ellos, también de los habitantes de las provincias petroleras; de impulsar una producción responsable con la vida y el devenir de las futuras generaciones; de preservar y garantizar la importancia de los recursos naturales, los participantes en el III Encuentro de Provincias Petroleras del Ecuador, luego de un debate profundo y responsable demandamos lo siguiente:


1. Demandar la nacionalización del petróleo.

a. Demandar el respeto a la Ley Especial de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, Petroecuador y, propender a su mejoramiento, dotándole de los medios económicos necesarios para el cumplimiento de las funciones en todas las fases de la industria hidrocarburífera.
b. Exigir a la Asamblea Nacional Constituyente que mediante mandato constitucional declare la caducidad del contrato de Petrobrás (Ecuador TLC) en el Campo Unificado Palo Azul, los Bloques 18 y del Bloque 31.
c. Emplazar al Procurador General del Estado a que en base al Informe del Ministerio de Minas y Petróleos se inicie de manera inmediata las acciones de caducidad de los campos unificados: Palo Azul y los Bloques 18 y 31, previa indemnización por los daños y perjuicios irrogados al Estado.
d. Rechazar la decisión unilateral, ilegal, y arbitraria del Directorio Político de Petroecuador por la aprobación del Proyecto de transformación del Bloque 15 en Petroamazonas Sociedad Anónima. Del mismo modo, exigir la incorporación del Bloque 15 a PETROPRODUCCIÓN, filial de Petroecuador.
e. Exigir el cumplimiento del Art. 74 de la Ley de Hidrocarburos en cuanto a la causal de caducidad por incumplimiento del pago de impuestos, patentes, derechos superficiarios y regalías, en los casos de las petroleras privadas que se niegan a acatar la Ley 42 y el decreto ejecutivo 99-1 de la redistribución del excedente del precio del barril del petróleo.
f. Declarar ilegal la firma de los contratos petroleros de los campos Marginales desde 1999 hasta 2008 y demandar su reversión al Estado.
g. Exhortar a la Asamblea Constituyente a que se incorpore en la nueva Constitución la participación de los beneficios económicos que genera la explotación e industrialización de los recursos naturales a favor de los pueblos de donde se extrae y se industrializa la riqueza.

2. Frente a las consecuencias de la era petrolera, y la criminalización de la protesta:

a. Declaramos heróicos luchadores populares a quienes han estado al frente de la resistencia petrolera y minera, a los detenidos en el caso Dayuma, y demás criminalizados por las transnacionales, y exigimos la inmediata libertad de todos los luchadores populares y sociales detenidos y el cese de la persecución política de la que son víctimas.
b. Nos solidarizamos con la prefecta Guadalupe Llori, sobre quien ha pesado una implacable persecución política, que la mantiene privada de su libertad.
c. Oposición frontal a la criminalización de la protesta y luchas populares, como política de Estado; y, el respeto irrestricto a los derechos humanos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Constitución Política de la República.
d. Exigir el desmantelamiento de los aparatos represivos y de inteligencia militar que han perseguido a los luchadores sociales defensores de los recursos naturales y de la vida.
e. Reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados a todas las comunidades y pueblos afectados por los daños ambientales, sociales y culturales de la era petrolera.
f. Exhortar a la Asamblea Constituyente y al Gobierno Nacional, realizar un proceso de vigilancia estricto para garantizar justicia en el juicio contra la Texaco.
g. Demandar el libre acceso a los bloques petroleros concesionados a empresas privadas con el fin de desarrollar una auditoría social, técnica y ambiental de las zonas afectadas, con participación de las comunidades y, con el fin de poder sustentar la recuperación de la soberanía de los recursos naturales y la vida.

3. Iniciar un proceso serio de transición de modelo que permita al país pasar hacia una economía post petrolera, basada en la articulación de sistemas productivos sustentables y diversos. Para ello se demanda:

a. La NO EXPLOTACIÓN del Campo ITT, así como la moratoria indefinida de la explotación petrolera en las áreas protegidas, zonas ecológicamente frágiles y territorios indígenas.
b. Declarar al Ecuador país libre de minería industrial a gran escala.
c. Que la Asamblea Constituyente garantice en la nueva constitución la declaratoria de los territorios ancestrales indígenas como patrimonio y heredad irrenunciable de las nacionalidades.
d. Crear un fondo ambiental que será destinado a proyectos ecológicos sustentables, que beneficie a las comunidades originarias de la Amazonía.

4. En relación a la situación laboral de los trabajadores petroleros.

a. Demandar de la Asamblea Constituyente la derogatoria de la Tercerización en el país, como forma inhumana de explotación de los trabajadores y exigir estabilidad laboral para todos los trabajadores tercerizados del país.
b. Exigir a Petroecuador se de cumplimiento al amparo constitucional ganado por los 109 trabajadores de la Refinería de Esmeraldas, que han trabajado para Petroindustrial por más de 15 años.

5. En la perspectiva de reorientar los objetivos de la revolución ciudadana:

a. Demandar la salida del Ministro de Petróleos y Minas, Dr. Galo Chiriboga, por haber dado paso a la entrega ilegal de los campos marginales y, por aplicar una política petrolera antinacionalista e inconstitucional, al permitir la renegociación de los contratos petroleros con empresas cuestionadas, como el caso de Petrobrás.
b. Demandar la salida del Ministro de Gobierno Fernando Bustamante, por la violación flagrante de los derechos humanos de los pobladores de la provincia de Orellana y, en particular de los compatriotas de la parroquia de Dayuma. Al mismo tiempo, declarar “persona no grata para las provincias petroleras” al señor Bustamante.

Para garantizar el cumplimiento de estas demandas, se conformará un Comité Cívico encargado del seguimiento de este mandato que tendrá la función de velar por su cumplimiento, que estará integrado por los propios actores de las provincias y demás personalidades patrióticas del país.


Dado el 12 de febrero de 2008, en la ciudad de El Coca;