A partir del momento mismo de la convocatoria de Rafael Correa a una consulta popular se encendió la polémica, ya que desde su nacimiento este proceso tuvo una serie de irregularidades que deslegitimaban el proceso: una de ellas y la más importante tiene que ver con la realización de las preguntas y la aprobación de las mismas, ya que a pretexto de "solucionar los problemas de seguridad en el país", más bien la pone en riesgo al atentar contra los derechos democráticos de los ecuatorianos, mediante el acaparamiento del aparato de justicia, sin importarle violentar la madre de las leyes: la Constitución.
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