Panamá, 18 de febrero de 2008.
Lic.
Ricardo Vargas
Defensor del Pueblo
Ciudad de Panamá
Lic. Vargas:
Es nuestro interés presentar ante su despacho una serie de denuncias que demuestran la forma flagrante y sistemática con que la Policía Nacional viene violando elementales derechos humanos y garantías ciudadanas.
El lunes 11 de febrero, en el marco del Encuentro de Dirigentes de CONUSI, celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, denunciamos ante la faz del país que habíamos recibido amenazas de muerte contra la dirigencia del SUNTRACS, a raíz de nuestro anuncio de que intensificaríamos durante esa semana las protestas en las calles por la no promulgación del reglamento de salud y seguridad en la construcción, contra el alto costo de la vida, por aumento general de salarios, entre otras reivindicaciones.
Al día siguiente, en el sector de los 4 Altos de Colón, una protesta de trabajadores fue disuelta a punta de bala y pedigones por unidades de los linces de la Policía Nacional.
El dirigente sindical y comunitario, Al Iromi Smith, fue herido de perdigón en uno de sus ojos, por lo que se dirigió a la Policlínica de la Caja de Seguro Social, Hugo Spadafora, a recibir atención médica junto a otros compañeros heridos.
Ya en el recinto hospitalario los trabajadores fueron agredidos por unidades de los linces, y en medio de este hecho un agente de la policía dispara por la espalda al compañero Smith, asesinándolo de manera vil y cobarde. El compañero Iromi Smith era padre de 2 hijos, estudiante universitario, dirigente comunitario, trabajador y dirigente del SUNTRACS en Colón.
En el lugar de las protesta, el trabajador Denis De León, interviene cuando su hermano era apaleado por varios agentes policiales. Cuando se retiraba recibe un disparo por la espalda. El compañero se encuentra hospitalizado, ha perdido un riñón y la bala le perforó los intestinos.
Otro obrero, Donaldo Pinilla, fue bajado de un autobús, golpeado salvajemente y obligado a caminar para luego, también por la espalda, herirlo de bala en uno de sus brazos.
El viernes 15 de febrero el trabajador Jhony Smith de sólo 21 años de edad, recibe un disparo a quemarropa en una de sus piernas, que le destrozó el fémur.
Estos actos de brutalidad policial fueron emitidos en varios noticieros de las distintas televisoras.
Por otra parte, sin orden judicial se han allanado en dos ocasiones a las residencias de la madre y viuda de Al Iromi Smith. Los familiares del mártir obrero están sometidos a acoso por parte de la Policía lo que les ha impedido reunirse con vecinos y amigos en este momento de gran dolor.
El Mayor de la Policía Nacional, Diego De León, ha lanzado amenazas de muerte contra Eustaquio Méndez, dirigente del SUNTRACS y Secretario de Finanzas de CONUSI, y los hermanos de Al Iromi Smith, Máximo y Alfonso Cunningham. El primero es dirigente estudiantil del FUAR-FER-29 y miembro del Consejo General Universitario (CGU), y el segundo es miembro del SUNTRACS. A pesar de no existir orden de captura, el Mayor De León ha dicho a sus familiares que los atrapará vivos o muertos.
En esta jornada de lucha se han arrestado a más de mil obreros y se les ha impuesto multas que superan en conjunto los 60 mil balboas. Este hecho contrasta con la pasividad y las ridículas multas (las pocas veces que se han impuesto) con que se tratan a los empresarios homicidas que violan las normas de seguridad causando la muerte de obreros; a las empresas que han causado desastres ecológicos como la Mina de Cerro Petaquilla, o los empresarios que venden buses que son trampas de muerte, o supuestos medicamentos que son venenos, o los que fomentan el uso de plaguicidas, hechos que han causado la muerte de cientos de humildes panameños..
A los detenidos no se les ha permitido acceso a abogados. Sin pruebas son condenados y la Policía ha convertido los cuarteles en falsos tribunales de justicia. A los familiares de los detenidos se les ha vejado, no se les permitió ver a sus familiares ni hacerle entrega de alimentos.
Esta situación ha sido denunciada por distintos organismos de derechos humanos y la propia Iglesia Católica.
Además, al soldador Miguel Vargas, oriundo de Nicaragua y miembro del SUNTRACS fue arrestado por la Policía el pasado 13 de febrero y desaparecido por varios días. El compañero fue torturado en prisión. Fue trasladado de David a la estación de Policía de Altos de Los Ruices, luego trasladado al cuartel de Santiago, de allí a las estaciones de Policía de Aguadulce, San Carlos y La Chorrera, respectivamente, hasta llegar a Ancón donde el sábado 16 de febrero fue deportado en un avión hacia Nicaragua.
El obrero Vargas reside desde hace más de 15 años en Chiriquí, está casado con una panameña, posee permiso de trabajo y es miembro del SUNTRACS. Durante todo el período de su captura estuvo incomunicado, las autoridades negaron tenerlo en prisión, no se le permitió realizar llamada telefónica ni tener acceso a abogado y fue deportado sin que se efectuara ningún trámite legal.
Ante estos hechos nos preguntamos:
¿En un estado democrático se asesinan impunemente a obreros?
¿En un Estado democrático se sofocan las protestas con balas y se asesina por la espalda?
¿En un Estado Democrático los cuarteles se convierten en tribunales amañados de Justicia y se sanciona sin pruebas a los detenidos, sin derecho a defensa ni a ser asistidos por sus familiares?
¿En un Estado Democrático se allanan residencias sin orden judicial y se persiguen a ciudadanos sin orden de detención?
¿En un Estado Democrático se deportan a trabajadores de manera ilegal, luego de desaparecerlo por varios días, de torturarlos, de negarles información a los familiares? .
Señor Defensor del pueblo, consideramos que lo que se busca es acallar la protesta social, criminalizar la lucha social y asesinar a los dirigentes populares que no se venden.
Esto último se confirma con las declaraciones rendidas por el segundo Vicepresidente de la República, Rubén Arosemena, quien citó en la Presidencia a los directores de medios de comunicación para presionarlos y, sin ninguna prueba como es su costumbre, afirmar que nuestras acciones de protestas responden a un complot patrocinado por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Por la nula confianza que nos despierta la Policía Nacional y el Ministerio Público, por el terrorismo judicial desatado contra los trabajadores y luchadores sociales, insistimos en la creación de una Comisión Independiente e Imparcial que investigue el crimen de Al Iromi Smith, así como de Osvaldo Lorenzo y Luiyi Argüelles, los tres obreros del SUNTRACS asesinados por la Policía, el sicariato y el sindicalismo amarillo apadrinado por la mafia empresarial y el Gobierno del PRD.
Al hacer estas graves denuncias, confiamos que esta institución que usted preside realice las acciones pertinentes para ponerle freno a esta ola represiva y haga prevalecer los derechos humanos y las garantías fundamentales de todos los ciudadanos.
Atentamente,
Genaro López
Secretario General del
SUNTRACS
