La Armada tiene el reto histórico de recuperar el petróleo para los ecuatorianos y desarticular las mafias
Los movimientos sociales y los sectores nacionalistas de este país, estamos realmente "trasnochados" por tener que seguir soportando la larga noche neoliberal y la corrupción en el sector petrolero. El Presidente Rafael Correa, en su cadena semanal, acusó de trasnochados a los sectores sociales, que remitimos una carta, cuestionando la renegociación de los contratos petroleros, la pretendida entrega de campos de Petroecuador a empresas extranjeras, en medio de un conflicto de intereses de varias autoridades del sector y de una campante impunidad. La mencionada carta hace referencia a varios temas trascendentales, los cuales resumimos a continuación:
Oposición a la entrega de los grandes campos de Petroecuador
Según estudios oficiales de Petroecuador, la empresa podría invertir 90 millones de dólares anuales durante 5 años y obtener un incremento en la producción de alrededor de 91 mil barriles por día, es decir, con una inversión total de 455 millones de dólares, el país obtendría 2300 millones de dólares adicionales al año. Lamentablemente, neoliberales infiltrados en el Gobierno, sugieren al Presidente la entrega de "Las Joyas de la Corona " a empresas transnacionales: campo SACHA a PDVSA de Venezuela, o de SHUSHUFINDI, AUCA, LIBERTADOR y CONONACO a SINOPEC (Andes Petróleum) y PERTAMINA. En estas condiciones, entregar SACHA a PDVSA o AUCA a PERTAMINA, es como vender el carro para comprar la llanta de emergencia.
En el caso de Sacha, un campo operado desde hace 26 años por Petroproducción, que produce cerca de 50 mil barriles día, con una inversión de US$ 113 millones, se obtendría un incremento de producción de 20 mil barriles diarios, equivalentes a US$ 500 millones anuales, considerando un precio promedio de US$ 70, el barril, es decir que las inversiones serían amortizadas con 3 meses de producción incremental.
La figura de "alianza estratégica" no existe en la legislación nacional, éste es un término inventado por encubridores de las empresas transnacionales para apropiarse de bienes de otros estados, sin cumplir con las normas legales y mucho menos éticas. A ellos no les importa afectar el presupuesto general del Estado y si les interesa que desaparezca Petroproducción.
A más de los perjuicios económicos, la obsesiva decisión de entregar SACHA a PDVSA, se contradice programáticamente con la propuesta del Socialismo del siglo 21, impulsada por Caracas, y supuestamente abrazada por Quito. En Venezuela, la estatal PDVSA recupera el control de áreas antes operadas por empresas extranjeras, en particular en la Faja del Orinoco, pero oh contradicción!, en Ecuador, la empresa estatal PETROECUADOR, pretende ser excluida de la operación de sus campos. Sería recomendable que los asesores del Presidente Correa, gestionen para Petroecuador, la operación en el lago de Maracaibo, actualmente operado por PDVSA.
Una renegociación antinacional.
El Presidente Correa, de cuya buena fe no tenemos porque dudar, debería delegar a personas serias y patriotas para que revisen los libros de Petroecuador desde el año 1993 hasta la fecha, entonces y solo entonces, descubrirán que los contratos de prestación de servicios, han sido los perfectos alcahuetes para sobre explotar reservas, inflar inversiones y perjudicar al estado con insignificantes o nulas participaciones. Sin embargo, el Ministro Galo Chiriboga está empeñado en volver a este tipo de contratación, es decir, volver a los fracasos demostrados en la documentación que reposa en Petroecuador.
Antes de proceder a sugerir al Estado Ecuatoriano y al Presidente Correa el cambio de los contratos de Participación por el de Prestación de Servicios, el Ministro Chiriboga debió investigar, desde la documentación de Petroecuador, el cómo se realizó la transferencia de acciones de la casi totalidad de los contratos de exploración y explotación. Entonces, si el Presidente supiera que casi todas esas transferencias están fuera de la Ley , ya habría dispuesto que el Ministro Chiriboga y otros torcedores, estén fuera del Gobierno.
En este punto se recomendó al Presidente Correa, la realización de una urgente investigación técnica, económica, legal y ambiental, caso por caso, a fin de verificar si los mismos están en el marco del derecho. Solo aquellos contratos enmarcados en derecho serían sujetos de renegociación, para lo cual se debe tomar como línea base la participación que recibía el Estado en el contrato con Texaco, es decir mínimo el 87%.
De acuerdo a información oficial de Petroecuador, las compañías extranjeras se habrían beneficiado con una cifra cercana a los US$ 1.700 millones, por el excedente del precio del petróleo, entre los años 2002 y 2007. Petrobrás en el Campo Palo Azul, US$ recibió 272 millones adicionales, Andes Petróleum en el Bloque Tarapoa US$ 211 millones, Occidental hasta el año 2006 se habría llevado US$ 615 millones, REPSOL-YPF en el Bloque 16 y Bogi-Capirón sobre los US$ 150 millones, y así por el estilo. Lo más grave es que estas empresas ni siquiera cumplen con la Ley 42, que fijó el 50/50, mucho menos han cumplido con el mandato del Presidente Correa del 99/1 sobre los excedentes del precio del crudo. Si las compañías tuvieron su banquete durante 5 años sin que nadie les diga nada, es imprescindible mantener la participación del 99-1, para recuperar los recursos que el país perdió en ese lapso.
En la carta también se denuncia que en los actuales contratos, el Estado a través de Petroecuador ya amortizó las enormes inversiones que realizaron las compañías, por lo que la infraestructura de operación le debe pertenecer al país; pero, el Ministro Chiriboga, en la renegociación no lo incluye en el monto de participación del Estado. Como ejemplo señala el caso del Bloque 16-Bogi-Capirón-Tivacuno, contrato en el cual en los primeros 4 años, Petroecuador ya amortizó US$ 1300 millones, sin embargo de lo cual la infraestructura no le pertenece al país. Por lo que haber anunciado que el Gobierno devolvería las inversiones a aquellas empresas que no acepten cambiar de contratos, sería premiarles dos veces.
La audacia del Ministro Chiriboga es sin par, solo a él se le puede ocurrir que una empresa que está en proceso de caducidad, como es Petrobrás, sea incluida en el proceso de renegociación de los contratos, es decir, quiere lavar las culpas, perdonar los ilícitos y dejar en el aire la caducidad.
El caso del Bloque 16 de Repsol
Los informes de Petroecuador, expresan que el bloque 16, por si mismo, no ha sido ni es comercial. Le invitamos al Presidente Correa, que solicite explicación del porque en el Gobierno de Rodrigo Borja, se anexaron ilegalmente las reservas de los campos Bogi-Capirón y Tivacuno, de propiedad de Petroecuador. Ahí va a reparar en que Petroecuador perdió soberanía sobre los campos, es decir, aminoró su participación a apenas un 16%, cuando es propietaria de la casi totalidad de los dos campos mencionados. Los "asesores" del Presidente, justo cuando el período de vigencia del contrato está por fenecer, pretenden hacerle extender el plazo a otros diez años más.
Si el Presidente Rafael Correa supiera que 93 de cada 100 barriles que se extraen del bloque 16 y los campos Bogi-Capiron y Tivacuno, en pleno corazón del parque Nacional Yasuní, son agua de formación y que de los 7 barriles que son de crudo pesado, la participación de Petroecuador es de apenas del 16%, entonces, estamos seguros que al menos pensaría dos veces para emprender en cualquier negociación, pero lo primero, sus asesores no durarían ni un día más en sus funciones. Esos 93 de cada 100 barriles, que representan al día 500 mil barriles de agua de formación, capaz de eliminar toda forma de vida orgánica, son reinyectadas a la estructura Tiyuyacu, considerada hoy, científicamente, una de las últimas reservas subterráneas de agua dulce del planeta. En esas condiciones técnicas, ambientales, económicas y legales, esas áreas, en cualquier país medianamente soberano, ya habrían sido cerradas y la compañía demandada.
Situación del Ministro Galo Chiriboga y su entorno
El ciudadano Galo Chiriboga, en calidad de abogado, tiene todo el derecho a ejercer su profesión y defender y representar a quien quiera, pero en condición de Ministro de Minas y Petróleos, representando los intereses del país, debe exhibir absoluta independencia y una hoja de vida intachable, si pretende enarbolar cambios y transformaciones, inspiradas en una nueva ética, como promulga el régimen del Movimiento PAIS.
Caso Seramín
El Ministro Galo Chiriboga, fue patrocinador de una acción judicial que acabó en un perjuicio económico a Petroecuador, en calidad de abogado de la empresa SERAMIN, de propiedad del ex Diputado del PRIAN, Federico Pérez Intriago.
SERAMIN con el patrocinio de Chiriboga, exigió un ilegal reajuste de precios de un contrato de alimentación con Petroproducción. En complicidad con las autoridades de la estatal, se lleva el caso a MEDIACION y a través de un asombroso fallo, se dispone el pago de US$ 2.5 millones a SERAMIN. Luego, con una acción judicial embargan las cuentas de Petroproducción y se retiene la mencionada cantidad de dinero. Seguidamente, interviene Contraloría del Estado y determina que no procedía el reajuste de precios y que el pago de US$ 2.5 millones fue ilegal, por lo que recomienda el inicio de una acción penal en contra de Federico Pérez y de los responsables de Petroproducción, así como la recuperación inmediata de los US$ 2.5 millones, más intereses, un total de US$ 4 millones. Inmediatamente SERAMIN presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), organismo que en fallo inapelable, el año 2006, reitera la validez de la Auditoría de Contraloría, es decir, ratifica el cobro de US$ 4 millones a SERAMIN y la acción penal en contra de Federico Pérez y las ex autoridades de PETROPRODUCCION.
Para cumplir lo dispuesto por la Contraloría y el Tribunal Constitucional, Petroecuador contrata un abogado externo. Resulta que durante casi dos años, las autoridades de Petroproducción y del Ministerio de Energía y Minas, no solo que no han hecho nada para viabilizar la recuperación del dinero, sino que habrían obstaculizado el proceso, según se desprende de la comunicación fechada 27 de noviembre de 2007, suscrita por el abogado contratado por la estatal: "...en forma anómala y sospechosa, he sido víctima de una persecución por parte de los funcionarios de PETROPRODUCCION y los titulares del Ministerio de Energía y Minas, para que no cumpla los deberes a mi confiados prevaleciendo más las influencias de los estafadores y falsificadores de documentos con los cuales se hizo posible el cobro indebido de dinero perteneciente al Estado, que el descubrimiento de la verdad y la recuperación de los perjuicios irrogados a PETROPRODUCCION. El silencio mantenido por usted ante mis reiterados pedidos de ser atendido son desde todo punto de vista, inaceptables.", Dice el mencionado oficio.
La autoridad de Petroproducción a esa fecha (27 de noviembre de 2007) era Pedro Freile y Ministro de Energía y Minas, era y sigue siendo, Galo Chiriboga, abogado patrocinador de Federico Pérez Intriago.
Caso Pertamina
El Presidente Correa, ha defendido a su Ministro de Minas y Petróleos, frente a las acusaciones de haber sido abogado de la empresa indonesa PERTAMINA. Al respecto nos permitimos puntualizar documentadamente la magnitud del hecho.
El 2 de agosto de 2006, Galo Chiriboga, en calidad de Presidente de Petroecuador, suscribe un Convenio de Alianza Estratégica, con la empresa PERTAMINA de Indonesia, para viabilizar la posible participación de la empresa en varias áreas del sector petrolero. El 29 de noviembre de 2006, se suscribe una Acta de Trabajo bipartita: PETROECUADOR-PERTAMINA, puntualizando las áreas de interés en las que participaría la estatal indonesa. Como parte del equipo técnico, en representación de Petroecuador, Chiriboga nombró a gente de su entorno: Pedro Freile, José Sánchez, Carlos Blum y Francisco Silva, mientras que por parte de PERTAMINA, a más de los representantes asiáticos, figura la señorita Stefanía Dotti, persona vinculada a los negocios de Juan José Vivas.
El 27 de junio de 2007, en calidad de CONSULTOR JURIDICO de PERTAMINA, Galo Chiriboga, solicita a Carlos Pareja Yanuselli, Presidente de Petroecuador, lo siguiente: "...se digne proporcionar la información que, como anexo a la presente, se requiere, con el propósito de ir avanzando en los requerimientos técnicos previstos en el Convenio de Alianza estratégica".
A solo cuatro meses de haber dejado la Presidencia de Petroecuador (Junio de 2007), el Dr. Chiriboga, en calidad de Consultor de la empresa PERTAMINA de Indonesia, o sea, desde el otro lado de la cancha, pedía se le remita información firmada por él mismo, el 2 de agosto del 2006. Con esos documentos, dos días después, en Miami, se suscribió el CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD entre Petroecuador y PERTAMINA.
En el equipo principal del Ministro Chiriboga, figuran: Pedro Freile, nombrado Vicepresidente de Petroproducción hasta diciembre de 2007; José Sánchez, (ex asesor del CAD de Danny Jarrín, sobrino político de Gutiérrez), posesionado por Chiriboga, como Director de Hidrocarburos hasta diciembre de 2007; Francisco Silva, quien fuera Vicepresidente de Petroproducción, cuando Chiriboga fungía de Presidente de Petroecuador, además de que Francisco Silva, (miembro del Comité de Gestión del Campo Palo Azul), aparece como uno de los principales implicados en las irregularidades cometidas por Petrobrás en el Bloque 18.
Caso Petrobrás
Según la excitativa de Caducidad del Contrato del Bloque 18, presentado por el Procurador Javier Garaicoa, los ex Presidentes de Petroecuador, Carlos Pareja y Galo Chiriboga, el año 2006, habrían calificado a las empresas japonesas Teikoku Oil Ecuador y Teikoku Oil Co. Ltd, en forma ilegal. Teikoku Oil Ecuador, una empresa de papel, creada entre gallos y media noche en las Islas Cayman, suscribió un Acuerdo Previo de Cesión de Derechos con Petrobrás (Ecuadortlc), sin autorización Ministerial, en enero de 2005, sin estar calificada, ni registrada en el país. Es decir, Carlos Pareja y Galo Chiriboga, en conocimiento de la existencia del citado Acuerdo de Venta y Asociación suscrito entre Petrobrás y Teikoku, sin autorización ministerial y sin estar legalmente calificadas, emitieron informes favorables sobre la idoneidad de la mencionada empresa, un año después de que Petrobras y Teikoku, cometieron el ilícito de transferir derechos contractuales y valores económicos, como certifica la Comisión de Valores de Buenos Aires.
Varios sectores sociales, incluyendo los profesionales que integraron la Comisión Especial que investigó el caso Petrobrás, hemos cuestionado la idoneidad ética del Ministro de Minas y Petróleos, para actuar en calidad de Juez del proceso de caducidad de Petrobrás, porque hay suficientes o demasiadas evidencias para ello. A más de lo señalado en el tema Teikoku, están varias declaraciones públicas de Galo Chiriboga, intentando desvanecer los argumentos de caducidad del contrato del Bloque 18; pero, la más significativa y cuestionable, es la contendida en la carta de 27 de diciembre de 2007, remitida al Presidente Rafael Correa, en la cual Galo Chiriboga señala textualmente: "Del análisis técnico realizado al informe de la Comisión designada por el Econ. Alberto Acosta se determina que no existe para tal informe el sustento técnico, económico y legal, por lo cual PETROECUADOR no ha pedido el inicio del proceso de caducidad conforme señalaba el informe de la Comisión.
La Comisión nombrada por el ex Ministro se dejó sin efecto por carecer de sustento legal para su funcionamiento, porque la indagación es un aspecto de carácter penal que por ley corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los fiscales respectivos..."
Las afirmaciones de Galo Chiriboga, partiendo del hecho de que la excitativa de Caducidad del Procurador General del Estado, se sostiene entre otros documentos probatorios, en el Informe del Grupo Interdisciplinario, creado por Alberto Acosta, implican un evidente PREVARICATO, un abierto y público posicionamiento de la máxima autoridad del sector (Juez de la causa), a favor de las compañías Petrobrás y Petromanabí-Cayman, del Grupo Isaías, empresas que vienen provocando ingentes perjuicios económicos al país, desde el año 2002, beneficiándose en forma dolosa, de cerca de 20 mil barriles diarios de crudo liviano, del campo Palo Azul de Petroecuador, equivalentes a US$ 700 millones anuales, aproximadamente.
El Ministro Chiriboga, como Presidente del Directorio de Petroecuador, respaldó la designación de la Dra. Nancy Altamirano, como miembro del Consejo de Administración de PETROECUADOR-CAD, una persona involucrada en el doloso proceso de transferencia de derechos y obligaciones de Petrobrás a Teikoku, en los bloques 18 y 31, como se puede evidenciar en la grabación magnetofónica, de la reunión reservada realizada el 13 de diciembre de 2006, en la cual participan: el Ministro Iván Rodríguez, el Contralor, Genaro Peña, el representante del Procurador, Carlos Venegas, el representante de Petroecuador, Fernando Robalino, el representante de la DNH y la Dra , Altamirano, asesora del Ministro. En la citada reunión se pusieron de acuerdo para que todas las mencionadas instituciones del Estado, emitan informes autorizando la cesión de derechos de los dos bloques, actos que justamente, son causales de caducidad contractual, como lo señala el Procurador Javier Garaicoa.
Son estos representantes de la "larga noche neoliberal" quienes le han tendido un cerco al Presidente Correa y su táctica ha sido no informarle, informarle a medias o simplemente mantenerlo desinformado. Estos mismos grupos, pretenden el fracaso de la gestión de Petroecuador, cuando la Armada quiere reivindicar el derecho de Petroproducción a la operación de los campos conocidos como "las Joyas de la Corona ", y los mal llamados campos marginales. Los movimientos sociales y ciudadanos ecuatorianos patriotas, respaldamos la gestión de la Marina en la Estatal Petrolera en tanto avancen a la nacionalización del petróleo, se efectivice la caducidad de Petrobrás, mantengan rectitud y transparencia en los negocios del ramo, y se empeñen en desarticular a los grupos mafiosos que operan en el sector.
Sí pensar así, si oponernos a este viejo proyecto neoliberal de privatizar los campos maduros, si oponernos a que personas vinculadas a las compañías extranjeras manejen negocios públicos, si rechazar una antinacional renegociación de los contratos petroleros, si cuestionar que en 14 meses de gobierno no se ha desmontado ningún grupo mafioso en Petroecuador y en el Ministerio de Minas y Petróleos, si denunciar que se sigue entregando contratos de venta de crudo a los mismos intermediarios de toda la vida, debemos ser considerados como enemigos del régimen o trasnochados, pues entonces, somos nacionalistas, fundamentalistas, socialistas trasnochados.
Frente Social por la Nacionalización del Petróleo - FSNP
Coordinadora Por la Vida
Coordinadora de Movimientos Sociales
CONAIE
Diego Borja
Movimiento Polo Democrático
FETRAPEC
CENAPECO
CENAPRO
Observatorio de las Energías