El gobierno actual, siguiendo una política lesiva al interés nacional, ha pasado por alto el fraude técnico que legalizó en el Convenio de Operación Unificada, firmado por el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, mediante el cual se permitió ceder el 49% de las reservas del campo –estimadas en 60 millones de barriles de petróleo-, a favor de la petrolera brasileña, un monto en dólares avaluado en casi USD 6000 MILLONES de patrimonio nacional.
Adicionalmente el gobierno izquierdista ha hecho caso omiso al pedido formulado por la Procuraduría General del Estado, que demandó hace varios meses atrás se inicie los trámites de caducidad del contrato, por haber incurrido Petrobrás en la violación a la Ley de Hidrocarburos al ceder el 40% de las acciones del Bloque 18 y Campo Palo Azul a la petrolera japonesa Teikoku Oil, sin la autorización del ministerio de Minas y Petróleos.
Se suma a lo expuesto las denuncias sustentadas que se han publicado en la prensa de Ecuador, por las cuales Petrobrás, al negarse a pagar las obligaciones tributarias que ordena la aplicación del Decreto Ejecutivo 99-1 y el 50-50 de la redistribució n del excedente del precio del barril del petróleo, ha incurrido en evasión y mora tributaria, causal de caducidad contractual. Del mismo modo, se añade el perjuicio irrogado a la nación por la amenaza de demandas internacionales al Estado por supuestos cambios al contrato firmado por la petrolera que afectan sus intereses.
Del enorme impacto ambiental que solo son testigos y víctimas los campesinos que habitan alrededor del campo Palo Azul, a consecuencia de las operaciones petroleras de Petrobrás, queda la herencia de contaminación y enfermedades, que poco le importa a la Dirección de Protección Ambiental DINAPA, y al mismo ministerio del ramo.
El Ecuador –ante la falta de decisión del gobierno de Correa-, pierde una oportunidad histórica de asumir directamente la operación del campo Palo Azul, habida cuenta que la petrolera Petrobrás ya ha anunciado que “no le conviene seguir en el país” con el nuevo contrato de prestación de servicios. El aviso de la petrolera de valorar sus inversiones en 250 millones de dólares, como indemnización, abre la puerta a la posible recuperación de la soberanía petrolera de un campo estatal que nunca debió ser privatizado.
Al respecto se calcula que el Estado recuperaría el desembolso de los USD. 250 millones, con apenas 5 meses de producción del campo Palo Azul, permitiendo al país beneficiarse del ciento por ciento de la renta petrolera que arroja el campo.
El pueblo ecuatoriano empieza a cobrarle la factura al gobierno de Rafael Correa, con el anuncio de las universidades del país de que se cumpla la nueva constitución en lo referente a la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel, que significa un presupuesto anual superior a los 120 millones de dólares. El Campo Palo Azul produce 35.000 barriles de petróleo por día, a un precio de USD 90 por barril, al año el estado recibiría 1150 MILLONES DE DÓLARES.
Tal parece que el presidente de la república se halla entre la espada y la pared, por un lado los grupos de poder ligados a las multinacionales, que son capaces de extorsionar, coimar a las autoridades, a fin de mantener sus jugosos negocios y, por otro lado, el pueblo, que hasta hoy ha permanecido pasivo y que es hora de movilizarse para hacer valer el poder ciudadano en las calles, para reeditar como hace dos años, la gloriosa expulsión de la OXY del Ecuador.
Por la recuperación de la soberanía petrolera, base del desarrollo de la nación.
PRENSA ALTERNATIVA