La semana pasada, en el canal ECUAVISA, medio ligado al capital privado, se llevó adelante una entrevista al Presidente de la República Rafael Correa, dirigida por periodistas identificados con la derecha empresarial del país.
No solo que el canal quedó en mal predicamento ante la opinión pública, sino que fue evidente el plan soterrado de colocarle zancadillas a cada paso, para hacer caer al Primer Mandatario. En lugar de conseguir su objetivo, terminaron Espinoza de los Monteros y Tania Tinoco, levantando al entrevistado.
A los mencionados comunicadores, por su posición afín al status quo, nunca se les hubiera ocurrido analizar el otro lado de la información, para criticar al Ejecutivo, en un tema crucial para la economía del Ecuador, como es la soberanía petrolera.
Al presidente Rafael Correa se le fue el tiro por la culata, pues mientras hace pocas semanas elogiaba como compañía emblemática a la petrolera Repsol YPF, un modelo a seguir dentro de las relaciones contractuales con empresas del sector. En estos días, Repsol de España le asesta un golpe artero al regimen, con el anuncio de la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI).
Repsol YPF, empresa española que opera varios campos petroleros en la Amazonía , como el Bloque 16, campo Tivacuno y Bogi Capirón, desde hace casi 12 años viene sobreexplotando los yacimientos, al punto de haber causado la inundación de los pozos con agua de formación. En promedio, de los 120 pozos que ha perforado, al menos 100 tienen en promedio el 95% de agua, la misma que en volúmenes superiores a los 900.000 barriles/día, se inyecta al subsuelo, contaminando los acuíferos, de forma irremediable.
Por otro lado, el ex vicepresidente de Petroproducción, del tristemente célebre gobierno de Lucio Gutiérrez, Ing. José Luís Ziritt –hoy representante del presidente Correa ante el Directorio de Petroecuador-, envió en ese entonces, una carta a los ejecutivos de Repsol YPF, exhortándo la cancelación de la deuda de aproximadamente 270.000 barriles de petróleo, que se le había prestado a la compañía para las pruebas de funcionamiento del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Deuda no cobrada que supera en la actualidad más de 27 MILLONES de dólares.
La petrolera española debe al fisco, según denuncias públicas difundidas por la Comisión Cívica Anticorrupción, cerca de 100 MILLONES de dólares por pagos no realizados en el cálculo de la tarifa del transporte de crudo a través del oleoducto estatal SOTE.
En el plano socio ambiental, graves denuncias han sido presentadas por el Departamento de Medio Ambiente de Orellana, por la Comisión de DD.HH., sobre la presencia intimidatoria y represiva de los militares en las instalaciones petroleras y las fincas aledañas; hay elemento armado que custodia –gracias a los contratos firmados por el Ejército y Repsol-, los bienes de la petrolera. A su vez, los derrames petroleros se ocultan cómo quien barre la basura y la tapa bajo la alfombra. Al gobierno poco o nada le importa que miles de indígenas y campesinos hayan perdido la condición de dueños soberanos de sus tierras y, que vivan acosados por la fuerza pública, al pesquisar sus vidas, al tenor de las normas de seguridad de la compañia, que se ha constituido en amo y señor de la concesión otorgada por el Estado.
Tanto la Dirección de Protección Ambiental (DINAPA) como el Ministerio de Ambiente, se lavan las manos, mientras continúa destruyéndose el Parque Yasuní con la explotación petrolera y se impide a los medios de comunicación alternativos, auscultar el desastre ecológico y social que socava la dignidad humana y la vida.
A los periodistas del jet set de ECUAVISA, se les olvidó cuestionar al presidente Correa, el por qué no hace cumplir la Ley de Hidrocarburos, en cuyo Art. 74, numeral 1, se advierte que el estado ecuatoriano sancionará a la contratista con la caducidad del contrato, por el NO PAGO de las obligaciones tributarias de ley, como es el caso de la Ley 42 y el Decreto Ejecutivo 99-1. La petrolera, según investigación del periódico la Hora , debe por dicho concepto más de 60 MILLONES de dólares.
Adicionalmente el mismo Art. 74, numeral 6, señala que es causal de caducidad si la petrolera “No invirtiere las cantidades mínimas anuales, no realizare las perforaciones o no efectuare las tareas para los períodos de exploración y explotación, según lo establecido en el contrato”. Al respecto, la producción en los campos concesionados ha bajado de 59 a 53.000 barriles por día, razón de peso para revertir los campos al Estado. No obstante, Repsol condiciona la inversión en los campos, desconoce la autoridad, mientras se devalua la palabra del presidente Correa, pues si ya ordenó en 2007 el reparto del 99% del excedente petrolero a favor del estado, es inadmisible que el gobierno recule, y actúe como el cangrejo.
Es público y notorio que el Dr. Galo Chiriboga –hoy ministro de Minas y Petróleos-, al proponer la renegociación del contrato a la petrolera Repsol, con un atrayente reparto del 70-30 del excedente petrolero, no vela por los intereses nacionales. Al igual que el caso de la entrega de los campos Marginales, aquí hay claros indicios de un delito colusorio en contra del Estado “Aquí hay claros indicios de un delito colusorio en contra del estado”. Siendo abogado del diablo, cabe sospechar que la empresa privada no necesita activar el buffet de jurisconsultos que defiendan sus intereses, pues el gobierno se ha convertido en su mejor aliado.
Como sucedió con la telefónica Porta, a la que se le pasa por alto la deuda de 150 MILLONES, por evasión tributaria, para renegociar el contrato por quince años más, la historia se repite en el sector petrolero. La caducidad del contrato con Petrobrás duerme el sueño de los justos, al tiempo que crece la deuda de las petroleras al fisco, sobre el pago del excedente petrolero, que ya bordea los 1000 MILLONES de dólares.
REPSOL YPF, sabe que el 2012 se le acaba el contrato, técnicamente conoce que el costo de producción se le ha inflado tanto que resulta un contrasentido invertir en sistemas de reinyección de agua cada vez más costosos, mientras las reservas se agotan cada día. Ahora saben que el cabildeo es plenamente factible con un gobierno aliado a sus intereses.
Pensándolo bien:
“Surte efecto el chantaje, retiramos la demanda ante el CIADI, firmamos un nuevo contrato por diez años más, nos entregan más campos para seguirnos llevando 4 de cada cinco barriles y…Un ratito, ¿quién va ha pagar las deudas atrasadas? Vale mozo, las deudas se las cargamos a la historia del atraco petrolero y, ya está...”
PRENSA ALTERNATIVA
NOTA: Repsol YPF se lleva 48.000 barriles de crudo por día, o su equivalente a un precio estimado de USD 100/barril de USD 4’800.000 DIARIOS de ingresos; monto que comparado al precio del barril fijado en el contrato ($20 dólares), se ha quintuplicado las ganancias extraordinarias de la compañía.
Ingenieros y técnicos ecuatorianos son los que operan los campos de Repsol, los españoles tan solo reciben los reportes en las lujosas oficinas de la empresa en la Av. 12 de Octubre. Revertir los campos de Repsol es un imperativo nacional, si el gobierno no rectifica, con referéndum y todo, el pueblo sabrá demandar su salida señor presidente.
